La administración de Luján Grisham anuncia la conclusión del juicio de Jackson después de 35 años

SANTA FE – La gobernadora Michelle Luján Grisham y el Estado de Nuevo México anunciaron el jueves la histórica culminación del caso Jackson, y otros, contra el Centro para Personas con Discapacidades del Desarrollo de Los Lunas, entre otros, una de las demandas de reforma institucional más antiguas del país. El juez federal John F. Robbenhaar concedió el miércoles la moción de desestimación del Estado, reconociendo las amplias y efectivas medidas que éste ha empleado no sólo para remediar las violaciones originales, sino para establecer y mantener un exitoso sistema basado en la comunidad que proteja la salud y la seguridad y salvaguarde los derechos de los neomexicanos con discapacidad intelectual y del desarrollo.

Presentado en 1987, el juicio de Jackson se centró en las importantes deficiencias de un par de instituciones estatales para discapacitados intelectuales y de desarrollo de Nuevo México, que ya han sido cerradas. Los demandantes alegaron violaciones continuas de los derechos constitucionales de los adultos con discapacidades intelectuales y de desarrollo, así como violaciones de la salud y la seguridad. En 1990, se ordenó al estado que corrigiera esas deficiencias mediante, entre otras acciones, el desarrollo de programas de tratamiento individual; la prevención y reducción de los abusos; y la mejora de la formación y la supervisión del personal. Las instalaciones de Fort Stanton y Los Lunas se cerraron en 1995 y 1997, respectivamente; en su lugar, el estado creó programas comunitarios para personas con discapacidades de desarrollo. En el ínterin, la orden judicial se convirtió en un conjunto laberíntico de requisitos que no fueron resueltos por las sucesivas administraciones estatales, lo que obligó a gastar millones al año en expertos y abogados. Los honorarios de los abogados y los costes asociados para el Estado han superado los 80 millones de dólares a lo largo del litigio.

Bajo la administración de Luján Grisham, el estado y los demandantes llegaron a un acuerdo de conciliación en 2019, bajo el cual el estado continuó operando bajo sus políticas y reglas ampliamente mejoradas sin la necesidad de una supervisión o dirección externa continua, mientras demostraba el pleno cumplimiento de las disposiciones del acuerdo. Desde 2019, el estado ha demostrado plenamente los importantes y cuantificables progresos realizados en las décadas transcurridas desde el inicio del litigio, mostrando un compromiso sostenido para atender las necesidades de salud y seguridad de las personas con discapacidades intelectuales y de desarrollo, y asegurando que ninguna de las violaciones estatutarias y constitucionales reconocidas en la demanda inicial de 1987 sigue ocurriendo.

En su decisión, el juez Robbenhaar llegó a la conclusión de que el estado no sólo ha remediado las violaciones originales, sino que ha ido más allá en su compromiso con las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo y sus familias, escribiendo: "Los demandantes no han afirmado, y el Tribunal no puede encontrar, ningún efecto persistente de las violaciones originales. De hecho, los demandados remediaron las violaciones que se producían en las instituciones, y luego se aventuraron a ir más allá de ese compromiso inicial y se aplicaron a estos nuevos objetivos."

La gobernadora Luján Grisham ha hecho énfasis en llegar a una conclusión final y productiva del caso desde que llegó al cargo.

"Si bien es muy gratificante llegar finalmente a un cierre en un juicio de tan larga duración, los verdaderos ganadores, en este caso, son los nuevomexicanos vulnerables y sus familias que finalmente están recibiendo el apoyo que merecen", dijo la gobernadora Luján Grisham. "Este tema es uno que me toca de cerca. Ninguna familia debe estar sin el apoyo que necesitan, por lo que mi administración se ha centrado en la fijación del sistema, incluyendo la entrega de fondos para eliminar la lista de espera para la exención de discapacidades del desarrollo y la ampliación de los servicios. Esta decisión es una afirmación de la importancia y el éxito de ese trabajo".

"La orden del juez Robbenhaar deja claro que el sistema de atención en Nuevo México es sólido, duradero y sostenible", dijo Jason Cornwell, director de la División de Discapacidades del Desarrollo y Apoyos del Departamento de Salud de Nuevo México. "Nos desafiamos a nosotros mismos para asegurar que los individuos con discapacidades puedan vivir la vida que prefieren en las comunidades de su elección - consistente con nuestra misión".

Lo más importante es que la conclusión del juicio de Jackson no pone fin al compromiso del estado con la comunidad de discapacitados intelectuales y de desarrollo de Nuevo México: además de los 18 millones de dólares asegurados en la sesión legislativa de 2022, los recursos que antes se dedicaban a los costos judiciales pueden ahora apoyar la eliminación de la lista de espera de la exención por discapacidades de desarrollo y el fortalecimiento de la red de proveedores. Sobre todo, el estado continuará trabajando para asegurar que los nuevos mexicanos vulnerables y sus familias reciban los recursos que necesitan para vivir vidas saludables, felices, productivas y significativas.

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Lujan Grisham administration announces end of 35-year ‘Jackson’ lawsuit